ABOGADOS ESPECIALISTAS
EN AGRESIONES
SEXUALES


Como abogados especialistas en delitos de agresiones sexuales, desde la promulgación de la Ley Orgánica 10/2022, vigente desde el 7 de octubre de 2022, conocida vulgarmente como lLey del “solo sí es sí”, que ha supuesto una profunda modificación de todos los tipos delictivos, por lo que resulta de verdadera importancia contar con los mejores abogados que conozcan las últimas novedades legislativas y sepan diseñar la mejor estrategia de defensa fundamentada en la experiencia.  


Nuria Vargas (letrada senior y Gerente de Vilches Abogados) y Manuel Hernández, CEO  de Vilches Abogadas, son especialistas con mas de 25 años de experiencia en delitos sexuales, con cientos de procedimiento defendidos con éxito, habiendo diseñado una estrategia de defensa de éxito durante estos años de arduo ejercicio profesional. 

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¿Qué estrategia propone Vilches Abogados?

Los delitos de agresiones sexuales son los únicos en los que la declaración de la víctima desvirtúa la presunción de inocencia, si bien las declaraciones deben de ser coherentes y consistentes en el tiempo, sin contradicciones. Contar con un abogado especializado en agresiones sexuales desde la fase de instrucción penal es de gran importancia en este tipo de delitos, a fin de que la defensa pueda interrogar a la presunta víctima y al presunto agresor.

El Vilches Abogados contamos con un equipo psicosocial especialistas en informes psicológicos de credibilidad de la víctima. En tales informes se solicita judicialmente a la víctima que se someta a la ejecución de tal informe y se realizan pruebas de credibilidad en aras de la defensa de nuestro cliente con la finalidad de desvirtuar la citada credibilidad y generar “indubio pro reo».

Otro aspecto de gran relevancia al enfocar una defensa en este tipo de delitos de agresiones sexuales es la de acometer la estrategia de solicitud de atenuantes, es decir, circunstancias que pueden reducir la gravedad de la pena al presunto agresor, entre los atenuantes contamos con la adicción al sexo o circunstancias limitativas de la voluntad como el alcohol o las drogas entre otros.

Qué es una agresión sexual y su nueva regulación

Como abogados especialistas en agresiones sexuales, debemos dominar su concepto jurídico y sus diferencias respecto de otros tipos penales. En este sentido cabe destacar que desde la última modificación legislativa desaparece el delito de abuso sexual, pues todas las conductas que atentan contra la libertad sexual sin el consentimiento de la víctima serán consideradas agresiones sexuales en nuestro Código Penal. Las siguientes líneas, ofrecen una visión completa de los aspectos más importantes del delito de agresión sexual, abordando temas de gran interés. Por su actualidad, se destacan especialmente: Su concepto jurídico, el consentimiento, las penas aplicables y la declaración de la víctima como única prueba de cargo.

La regulación de las agresiones sexuales se encuentra en los artículos 178 a 180 CP. El tipo básico del delito de agresión sexual castiga los actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Así, el núcleo central es la falta de consentimiento por parte de la víctima. Sólo se entenderá que hay consentimiento “cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. De acuerdo con la jurisprudencia más reciente, el silencio o la inacción no puede entenderse como consentimiento. Esta conducta será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal vía vaginal, anal o bucal (o introducción de miembros u objetos por alguna de las dos primeras vías) nos encontramos ante un delito de “violación”. Esta conducta está castigada con una pena de prisión de cuatro a doce años.

Asimismo, existen diferentes tipos agravados para este delito: véase cuando la actuación la lleven a cabo dos o más personas, cuando la víctima haya tenido una relación de afectividad con el agresor, cuando se haya anulado la voluntad de la víctima con drogas. En estos casos las penas serán de hasta quince años de prisión.

Igualmente, estas penas se agravan cuando dichas agresiones sexuales se cometen contra menores de 16 años (art. 181 a 183 bis CP). Toda realización de actos sexuales con un menor de 16 años será considerada delito, a no ser que nos encontremos ante una relación consentida con una persona próxima en edad y grado de desarrollo o madurez.

La protección aquí es mayor, castigándose no solo la realización de actos sexuales con el menor, si no, también, hacer que este presencie los mismos (incluso cuando el autor no participa en ellos). Encontramos de nuevo tipos agravados en función de las características y la gravedad de los hechos, llegando las penas a alcanzar los doce años de prisión y penas de multa elevadas.

Se incluye también el child grooming” o ciberacoso sexual a menores, al castigar la comunicación vía telemática con el menor para proponerle una cita o la obtención de material pornográfico.Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

La dificultad de la prueba del consentimiento

El “consentimiento” es un elemento esencial del tipo sin el cual no habría delito. En la práctica este requisito presenta muchas dificultades a la hora de ser probado, por lo que la jurisprudencia ha estimado criterios como la:

  • Ausencia de resentimiento o enemistad de la víctima con el acusado.
  • Credibilidad o verosimilitud del testimonio de la víctima.
  • Persistencia en la denuncia.
  • Ausencia de contradicciones durante la sustanciación del procedimiento.

En muchos procedimientos nos encontramos en situaciones en el que no se niega por las partes implicadas el acto sexual, y por tanto no debemos acreditar o desacreditar el mismo a través de pruebas de ADN o exploraciones físicas, sino que el procedimiento se centra básicamente en si el acto sexual fue consentido. Sin embargo, al producirse el mismo en la intimidad y en ausencia de testigos, la declaración de la víctima tiene una fuerza tal que desvirtúa la presunción de inocencia (siendo el único delito que lo permite), por lo que a tales efectos es de gran relevancia llevar a cabo test de credibilidad de la víctima a través de nuestros peritos.

Las agresiones sexuales contra personas en situación de especial vulnerabilidad o con la voluntad anulada.

ASÍ COMO LOS QUE SE COMETAN ANULANDO LA VOLUNTAD DE LA VÍCTIMA MEDIANTE EL USO DE SUSTANCIAS.

“…Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia…” (Art. 180.1.3º).

En este punto el Legislador se refiere concretamente al delito de Agresión Sexual (antiguo delito de abuso sexual), pero cuando este se realice sobre personas que se hallen en una situación de especial vulnerabilidad, lo que hace referencia a una persona que posea por ejemplo un trastorno mental que le impida prestar su consentimiento específicamente a una relación sexual o la existencia de una enfermedad que haya llevado al sujeto pasivo a perder la razón o el sentido.

“…Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto…” (Art. 181.1.7º).

Anulación de la voluntad mediante el uso de Fármacos, Drogas o cualquier otra sustancia natural o química: Por otra parte, la norma también incluye el supuesto de personas que no tengan capacidad de prestar su consentimiento, por encontrarse su voluntad anulada como consecuencia del uso de “fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto”. La prueba de estos supuestos requerirá de los informes periciales que se estimen pertinentes, y al igual que en el punto anterior, los hechos deberán ser valorados dentro de un contexto que condicionará su interpretación jurídica.

La mencionada agresión, deberá ostentar un carácter doloso, determinado por la condición de que el sujeto activo haya abusado de una circunstancia. Por ejemplo, que la víctima haya sido drogada por el agresor con el objetivo de agredir sexualmente a la misma. Esta conducta es conocida como “sumisión química”.

Qué es el prevalimiento en los delitos de agresión sexual

“… Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, o de una relación de superioridad con respecto a la víctima…” (Art. 181.1.5º).

El Código Penal trata de igual forma, mediante la agravación de la pena, aquellas Agresiones Sexuales en las que el sujeto activo obtenga el consentimiento de la víctima en base a una relación o situación de superioridad respecto de esta, en este caso siempre que la víctima sea mayor de dieciséis años. (Como hemos visto anteriormente el caso de los menores de dicha edad se encuentra previsto de forma autónoma en el siguiente capítulo del Código Penal).

La superioridad deberá ser relevante como para determinar la prestación del consentimiento por parte de la víctima. Ejemplo de esté supuesto es la relación entre un jefe y un empleado, que preste su consentimiento motivado por el temor a perder su trabajo. O bien cuando exista una relación de convivencia o parentesco, como, por ejemplo, la agresión sexual cometida por un tío o hermano mayor de la víctima.

Si bien existirá consentimiento, este se encontrará “viciado” por la forma en la que se obtiene y, por lo tanto, nos encontraremos ante un supuesto de agravación de la pena en la agresión sexual cometida.

¿La declaración de la víctima puede ser la única prueba de cargo?

Una prueba de cargo es aquella que va encaminada a acreditar directa o indirectamente la existencia del delito y/o la responsabilidad penal del procesado. El peso de la declaración de la víctima como única prueba de cargo, es una cuestión discutida entre los juristas y la sociedad en general. Y para un despacho de abogados especialistas en abusos sexuales, dominar profundamente este tema, es fundamental.

En este sentido, la doctrina jurisprudencial viene manteniendo que“…la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral, con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella…”

Por lo expuesto, vemos que sí es posible que una sentencia se base exclusivamente en la declaración de la víctima. Pero esto sucederá, solo si la valoración del testimonio ha sido realizada con la diligencia e interés suficientes. Esto implica la necesidad de una fundamentación que vaya mucho más allá de la mera percepción de que el testigo dice o no la verdad.

¿Pero entonces? cuales deben ser los criterios a la hora de preparar, practicar y llevar a efecto una profusa estrategia de la prueba para la mejor defensa: 

Persistencia en la incriminación, que supone, la ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima, la concreción en la declaración, sin ambigüedades, generalidades o vaguedades y la ausencia de contradicciones entre las sucesivas versiones que se ofrecen a lo largo del procedimiento

Credibilidad subjetiva, que exige el análisis de las características físicas o psíquicas del testigo (discapacidades sensoriales o psíquicas, ceguera, sordera, trastorno mental, etc…), que sin anular el testimonio, lo debilitan, y también obliga al análisis de posibles motivaciones espurias, lo que conlleva el examen del entorno personal y social, que constituye el contexto en el que se han desarrollado las relaciones entre el acusado y la víctima, cuyo testimonio es el principal basamento de la acusación, para constatar si la declaración inculpatoria se ha podido prestar por móviles de resentimiento, venganza o enemistad u otra intención espuria, que pueda enturbiar su credibilidad

Credibilidad objetiva o verosimilitud del testimonio, que según las pautas jurisprudenciales debe estar basada en la lógica de la declaración (coherencia interna) y en el suplementario apoyo de datos objetivos de corroboración de carácter periférico (coherencia externa). La coherencia interna se caracteriza fundamentalmente por la ausencia de contradicciones y elementos fácticos escasamente verosímiles

Otros tipos agravados: actuación conjunta, extrema gravedad, género y uso de armas.

Además de las anteriores, existen otras conductas específicas que son recogidas en el Código Penal acompañadas de un aumento de la pena:

“…Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas…” (Art. 180.1.1º).

Es decir, en aquellos casos en los que nos encontramos ante una agresión sexual que se realiza en grupo el castigo será superior.

“…Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio…” (Art. 180.1.2º) o “…Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones…” (Art. 180.1.6º).

También se recoge un aumento de la pena para el supuesto de que las características que revistan a la agresión sexual sean extremamente violentas o vejatorias, o bien cuando se ponga en peligro la vida de la víctima por utilizar armas u otros medios peligrosos. 

Cuando debido a la agresión sexual se causaren lesiones o se provocare la muerte de la víctima, será de aplicación el artículo 194 bis del Código Penal y, por lo tanto, se aplicarán las penas que correspondieren por estos delitos autónomos; además, por supuesto, de las que recoge el delito de agresión sexual.

“…Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia…” (Art. 180.1.4º).

También se recoge como tipo agravado la agresión sexual cometida como violencia de género, es decir, contra la mujer o pareja de análoga relación de afectividad.

Caso Rubiales
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